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La iniciativa legislativa o ciudadana, puede convertirse en una valiosa herramienta de la democracia participativa en el contexto de una ciudad que ejerce la hegemonía parlamentaria y judicial.

Por Leonardo Farias (*).

El escenario que abrió el conflicto por la venta de Costa Salguero en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires, trajo inesperadas reacciones y movimientos políticos que pueden servir para poner en marcha nuevas prácticas de democracia participativa en la Ciudad.
Cuando la hegemonía política de «Juntos Por el Cambio» parecía estar en su pico más álgido y en su consolidación en los tres poderes del Estado,cuando las herramientas de participación ciudadana desechadas del ejercicio de gobierno -como son los Consejos Consultivos Comunales- y cuando la arbitrariedad del Ejecutivo consolida el desgaste en la ciudadanía en materia participativa el intento por construir un barrio privado en Costa Salguero lo cambió todo. Si bien por el momento fue declarado inconstitucional por el Juez Leonardo Fuchi del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°16 de CABA, las consecuencias que sirvieron al caso fueron: la Audiencia Pública y la Iniciativa Legislativa. La convocatoria que tuvo la Audiencia Pública sobre este tema superó las 7.000 personas inscriptas y superó el lapso ininterrumpido de un mes para poder dar lugar a las y los ciudadanos que tenían algo para decir al respecto (98% en desacuerdo con la privatización). Si bien fue la audiencia pública más grande de la historia no fue la instancia que se impone como la novedad o redescubrimiento de una herramienta política de la ciudadanía. Y no lo es, en principio, por su condición de no vinculante.

En cambio, la Iniciativa legislativa es la que genera expectativa y comienza a proyectarse como la herramienta que no pueden alcanzar las fuerza políticas de la oposición, ni las vecinas y vecinos en los barrios para alzar su voz e intervenir en las políticas públicas. Porque si bien las Comunas porteñas mantienen los Consejos Consultivos Comunales en funcionamiento, la participación vecinal en las decisiones de los asuntos públicos, sigue siendo muy baja si uno lo contrasta con otras ciudades o municipios del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) u otros casos del interior del país. Es que el Gobierno de la Ciudad ha desalentado la participación en estos ámbitos de manera indirecta, creando otras instancias en apariencia más innovadoras pero menos transparentes como el «BA Elige» pero esto no es un tema para este articulo.
Ante todo, hay que dejar en claro que la iniciativa legislativa o ciudadana es el mecanismo de participación por el cual se concede a las y los ciudadanos la facultad o derecho para presentar propuestas de Ley ante los órganos legislativos. Para el caso de Buenos Aires se necesitan 40.000 firmas que es el 1,5% del electorado local. El proyecto debe seguir una serie de trámites legislativos, los cuales habilitan a sus impulsores a reunir las firmas necesarias para convertirlo en una iniciativa ciudadana. Y si esto fuese así, el texto debe ser tratado «obligatoriamente» en el recinto de sesiones. En este caso, el objetivo del Proyecto es frenar la privatización de Costa Salguero. Si bien es cierto que una vez en el recinto no hay garantía de que se apruebe ni mucho menos –debido a la gran mayoría de legisladores oficialistas- la construcción de hegemonía parlamentaria de «Juntos Por el Cambio» se ve por primera vez resquebrajada. Esto se debe a que la consolidación de la fuerza de gobierno en la Legislatura de la Ciudad, ha puesto en marcha un mecanismo tal que ningún proyecto de Ley que provenga de la oposición pueda llegar al recinto. Todas las Comisiones se convierten en el freno institucional de todo proyecto opositor: en todas tienen mayoría aplastante y la ejercen de manera homogénea.

Si en definitiva, la iniciativa cumple como todo lo indica con el objetivo que se propuso que es ser tratado en la Legislatura Porteña, entonces se abre un camino hasta ahora inexplorado. A partir de aquí deberán las legisladoras y legisladores, las vecinas y los vecinos participativos y los miembros de organizaciones e instituciones barriales, si este mecanismo puede ser la herramienta participativa que pueda inclinar un poco la balanza del poder hegemónico de la coalición de gobierno que ya lleva 14 años gobernando el distrito. Y si así fuese, estudiar como consolidar una práctica y un ejercicio cívico que sea capaz de ajustarse en el tiempo y que aborde los temas necesarios para llevar los debates al recinto de una legislatura tabicada para quien no piensa igual. Una Legislatura que funciona mas ocupada en acompañar el «Día internacional de las abejas» que llevar mejor calidad de vida a la periferia de la Ciudad, al decir del Legislador Leandro Santoro.
Cajonear un proyecto y neutralizarlo en una comisión, no es lo mismo que tener que debatirlo públicamente y ser el verdugo de una posible política pública que venga a traer soluciones a las porteñas y los porteños. Terminar una iniciativa ciudadana con miles de firmas es un costo alto para la fuerza política que lo haga.

Frenar un proyecto en una comisión no los hace menos democráticos y autoritarios pero levantar la mano contra una iniciativa popular sí. Pensar en acciones permanentes que den vigor y acción a la ciudadanía es una meca de la democracia participativa y en la Ciudad se presenta una oportunidad sin precedentes que no debería ser desaprovechada.

(*) Director del CESDET

Por María Suarez (*)

La Ciudad de Buenos Aires como generadora de exclusión. La falta de políticas sociales. La desatención de personas en situación de calle. Leyes que no se cumplen y Derechos que no se respetan. La historia reciente como telón de fondo para explicar el fenómeno de la Derecha neoliberal en la Ciudad.

En una de sus caras más descarnadas, el neoliberalismo ha signado a la exclusión, el encierro o la persecución a un interminable número de personas, en particular a las que no entren en los parámetros de la” normalidad “y quienes tuvieron y tendrán –por ese motivo- asignado un lugar en el mundo, el de la invisibilidad.
Durante la década de los 90´, la Argentina no fue ajena a la adscripción del modelo económico neoliberal siendo atravesada por la lógica del mercado, impulsando el achicamiento del Estado, la privatización de lo público, el desapego por los derechos humanos, sociales, privilegiando el individualismo, erosionando mortalmente el entramado social, y la desigualdad
socioeconómica de millones de argentinxs, profundizada anteriormente durante la dictadura cívico, militar, eclesiástico, empresarial durante los años 1976 y 1983.
Los resultados del vaciamiento del Estado, la concentración de la riqueza en un reducido sector empresarial y financiero, la fuga de capitales y el aumento de la deuda externa se manifestaron con toda virulencia en el año 2001, provocando el consabido deterioro en el sistema económico, político e institucional.
Con la asunción del Pte. Néstor Kirchner en el 2003, se inicia un proceso de recomposición de un estado democrático y popular que continuado por los dos periodos presidenciales de CFK, reactivando la economía nacional, poniendo en marcha políticas de empleo, el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, el pago de la deuda externa, programas sociales, de salud,
culturales, y educativos que conjuntamente con un sinnúmero de políticas destinadas a la ampliación de derechos, empoderaron una ciudadanía que recuperó las mejores prácticas de la política después de más de 25 años de crisis estructural. A partir del año 2015, los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, vuelven a instalar nuevamente políticas neoliberales de destrucción de la economía, el default, la inflación, el cierre de fábricas, el endeudamiento con el FMI a una escala inusitada, y el deterioro institucional, un combo de factores que impactaron negativamente en amplios sectores sociales. Durante el 2003 y el 2015, lxs ciudadanxs de la CABA fueron ampliamente beneficiadxs por
políticas nacionales de diversa índole interviniendo directamente en la recuperación y mejora en su calidad de vida, situación que durante la gestión de Macri en la ciudad, entre los años 2007 y 2015, fueron una suerte de colchón virtuoso para aminorar las sucesivas políticas de endeudamiento debido a la toma de préstamos, la sub ejecución de los programas sociales, el
aumento sistemático de impuestos, el recorte de programas culturales y habitacionales, el deterioro ambiental, la violencia institucional, y el uso del espacio público para la especulación inmobiliaria. El actual jefe de gobierno, Horacio Larreta, ha continuado con las mismas políticas de su sucesor, disminuyendo sistemáticamente los presupuestos de los organismos destinados al desarrollo social que hoy se evidencian en el marco de una feroz pandemia, dada la magra respuesta hacia las problemáticas de los sectores más empobrecidos, el deplorable estado de los hospitales, de los centros de salud, de las instituciones educativas, así como la precarización laboral de lxs trabajadoxs de estas areas.
Es notable el interés por destinar grandes montos para financiar obra pública como es el caso del mobiliario urbano, el programa de renovación permanente de veredas, de las bici sendas, y pavimentación de calles, privilegiando a los barrios residenciales, y abandonando a los que se ubican en la zona sur, en donde se concentran los polos de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Otra característica es la definición política de incumplir con la ley de comunas, (ley 1777), concentrando las decisiones de lo público en ministerios que asumen la gestión sin tomar en cuenta la jurisdicción y autonomía económica que constitucionalmente les corresponde a las 15 comunas, quienes deberían financiar con sus presupuestos, votados anualmente por la Legislatura de la CABA, la puesta en marcha de acciones acordes a las necesidades de cada barrio La política de Macri y Larreta con relación a la democracia participativa fue la puesta en marcha del programa BA Elige, mecanismo internetico por cual se votaron electrónicamente proyectos o intervenciones públicas ignorando la participación ciudadana a través de los consejos consultivos, órganos representados por lxs vecinxs, y desde donde, conjuntamente con los siete miembros de las juntas comunales, deberían definir cada año las políticas de cada comuna.
Con este panorama, y luego de 14 años de políticas de exclusión e inequidad, la ciudad más rica de la argentina, la que recauda más impuestos, que ha tomado préstamos endeudandonos por montos exorbitantes, que ha visto vender tierras públicas a privados, que padece la pérdida de su identidad porteña, y sufre la modificación a discreción de su código de edificación urbana, para, a modo de ejemplo, la construcción de altas torres con departamentos de 18 metros cuadrados a precios impagables y a costa de demoler inmuebles
de valor patrimonial, como ha ocurrido en innumerables casos. La mayoría de quienes vivimos en esta Ciudad, recibimos la permanente asistencia del
gobierno nacional: la AUH, el IFE, el REPRO, la ATP, a fin de paliar el duro golpe que desde hace más de un año nos propina una feroz pandemia que tuvo un inicio, pero tiene un final abierto, generado que un importante número de personas se vean forzadas a vivir en condiciones de extrema inequidad, muchxs de ellxs, hoy, en situación de calle.
Estxs ciudadanxs sin derechos, expulsadxs del sistema social, se han desplazado desde las zonas céntricas, o cercanas a áreas de transbordo entre la CABA y la Pcia. de BsAs, a la mayoría de los barrios, expuestxs a la invisibilidad a la que han sido condenadxs, y a merced de la violencia institucional cuando se hacen visibles.
Recordemos el accionar violento de la UCEP La Unidad de Control y Espacio Público, creadas en el año 2008, bajo la órbita del Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA Cabe señalar que el Gobierno de la Ciudad, que debería garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, ha generado programas sociales destinados a la asistencia, demostrando la ineficiencia de su intervención, evidenciando la incapacidad para resolver o modificar las problemáticas diversas que se deberían considerar. No solo hay permanencia de personas que han decidido vivir en la calle por propia elección, sino cientos de familias, discapacitadxs, adultxs mayores, o con problemáticas psiquiátricas, “lxs pobres estructurales”, condenadxs a la exclusión social.
Es notable señalar que la intervención de lxs operadorxs y encargadxs de llevar a cabo la implementación de los programas sociales en los territorios, e interactuar con lxs asistidxs, asumen en su mayoría de un gran compromiso y responsabilidad, a pesar de estar contratados precariamente durante años, y estar mal remuneradxs, cubriendo extensos horarios, sin recursos adecuados, y exponiéndose a situaciones límites. Sin ellxs la implementación de los programas sociales sería aún más deficiente.Hoy queda en evidencia la ineficacia de las políticas sociales que implementa la CABA, políticas
fragmentadas, que intervienen sobre y desde la emergencia y la asistencia paliativa e individual, dado que deberían realizar el abordaje desde una perspectiva de derechos, conjuntamente con la intervención de un gabinete interministerial y la participación activa de quienes necesitan recibir recursos y prontas soluciones , trabajando con redes sociales, laborales, educativas, fundamentalmente con su paulatina inserción comunitaria, y generando empatía social a fin de disminuir las prácticas de exclusión y estigmatización.
Según el segundo censo popular de personas en situación de calle de 2019, existían –almomento del relevamiento- 7251 personas en situación de calle. De ellas, 5412 no tenían acceso a paradores ni a establecimientos con convenio con el gobierno de la ciudad, es decir que duermen en la vía pública. Otra cuestión interesante es que el 80% son varones, el 19%
son mujeres y el 1% declara ser travesti o trans. Además, 871 son niños y niñas mientras que 40 eran mujeres embarazadas. Muchas mujeres dijeron haber sufrido violencia ellas o sus hijxs como explicación para haber dejado sus casas y la realidad de no encontrar ninguna respuesta estatal de acompañamiento para las sobrevivientes de violencia por motivos de género. El 56% de las personas que contestó el censo sufrió algún tipo de violencia institucional en su encuentro con miembros del Estado, desde policías hasta personal de hospitales.
La ciudad de Buenos Aires cuenta desde el año 2011, y a partir de la iniciativa de múltiples asociaciones civiles, con la Ley sobre Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle. Esta ley posibilita un marco legal a las personas que se encuentran en situación de calle, pero los efectores sociales que intervienen no modifican las condiciones de vulnerabilidad expuestas anteriormente. Los subsidios habitacionales, paradores u hogares transitorios, la tarjeta Ciudadanía Porteña, lxs operadorxs destinadxs por el programa BAP (Buenos Aires Presente), dependientes de la Dirección General de Atención Inmediata, no alcanzan si no se piensa en abordar esta grave problemática, que hoy se muestra en mayor riesgo y desamparo en un contexto de pandemia, desde un abordaje integral, con la construcción de conciencia colectiva, y una contundente decisión política de ocuparse de una vez por todas de lxs que no se quieren ver, que son miles, y gritan en silencio que una vez y para siempre, se les restituyan sus derechos como ciudadanxs. Y como le dice El Principito al Zorro, “solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos”.

(*) Directora de Proyectos del CESDET

Por Luciano Polimeni (*)

La semana pasada se votó en la Legislatura la nueva Ley Orgánica de Participación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los votos del oficialismo (PRO, CC y UCR) y los bloques aliados de siempre (Socialismo, Consenso Federal y GEN). Según indica su autora, la legisladora oficialista Lucía Romano, la ley buscaría preservar y fomentar los derechos de participación que tienen las y los porteños, así como incluir las tecnologías de la información y comunicación para tal proceso.
Debate Legislativo
El proyecto de ley se presentó en mayo de 2020 en la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, y se trató dos veces en reuniones de asesores. En ambos debates, se le solicitó al oficialismo que envíe el proyecto a los Consejos Consultivos Comunales y que haga participe a las y los vecinos. No habiendo ocurrido esto, en marzo pasado, a pedido del oficialismo, se reunieron las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Descentralización y Participación Ciudadana para tratar el proyecto de ley. Se habían anotado casi 30 personas para expresarse y dar su opinión sobre esta ley en la primera media hora de la sesión, como establece el reglamento legislativo. Sin embargo, amparándose en las restricciones propias de la pandemia, se impidió la participación online de las y los vecinos que se encontraban en sus casas. El oficialismo no solo decidió no participar a los Consejos Consultivos en un debate sobre una ley de participación, sino que cuando las y los porteños quisieron expresarse en el ámbito legislativo se lo prohibieron. Prueba de ello es el expediente que ingresó al recinto para ser votado, gracias a las gestiones de la Dirección de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, que permitieron que las y los ciudadanos pudieran enviar su opinión sobre esta ley vía correo electrónico y las mismas fueran incorporadas para su despacho. Es importante destacar que el Interconsejo Consultivo envió formalmente su posición al respecto, ya que el oficialismo de la Ciudad en ningún momento se interesó por su opinión, ni los recibió.
Un párrafo aparte hay que hacer para la exposición del legislador oficialista Del Gaiso, quien habló de la participación en las comunas como una manipulación y un entretenimiento, y aseguró que las Juntas Comunales no tienen ningún poder. Además recordó la violencia sucedida años atrás en el Consejo Consultivo de la Comuna 4, cuando se debatió el negociado que el GCBA quiso realizar con la venta de los terrenos de “Casa Amarilla” vía Corporación Sur. Cabe mencionar que en ese entonces, Paula Penacca intentó citar a la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, la cual presidía, al entonces presidente de la junta y hoy legislador Jorge Apreda, pero el oficialismo lo impidió imposibilitando que dé explicaciones de lo sucedido. Es cínico e insólito lo que planteó Del Gaiso, cuando es el gobierno del que forma parte el que no nutre de presupuesto a las comunas, el que incumple con la Ley Orgánica de Comunas y el que no impulsa la descentralización ni transfiere a las juntas comunales los recursos y las facultades que constitucionalmente le corresponde.

Objetivos ocultos
Tanto los asesores de Lucía Romano como la misma legisladora, destacaron en varias oportunidades que su objeto es regular y fomentar los programas existentes, así como servir de marco para los que se creen. A su vez, la misma ley pone más énfasis en las cuestiones digitales que en la participativa vecinal, lo que nos hace intuir que los programas como BA Elige comenzarán a florecer. Recordemos que el BA Elige es un programa del Poder Ejecutivo que, amparándose en la participación comunal, destina una gran partida presupuestaria para la elaboración de obra pública, la que supuestamente es elegida por vecinos y vecinas de la Ciudad. Decimos supuestamente porque para votar no se pide ningún requisito, es decir que cualquier persona del mundo puede votar. Así es que una persona extranjera, que no nació, ni vivió, ni vive o conoce Argentina, puede decidir sobre las obras que la Ciudad deberá ejecutar. Cabe mencionar, que son obras que de antemano el Jefe de Gobierno ya resolvió realizar. No es casual que en 2019, en todas las comunas la propuesta ganadora haya estado relacionada a cámaras de vigilancia, una política que en tal caso debería ser propia del Ministerio de Seguridad.
Bajo el amparo de esta Ley Orgánica de Comunas, todo este tipo de programas de falsa participación que esconden decisiones del oficialismo tendrán mayor esplendor atropellando a los Consejos Consultivos, a los foros participativos y a todas las herramientas que buscan acercar quienes quieran formar parte de la vida democrática y participativa de la Ciudad.
Rol de los Consejos Consultivos
Cuesta entender como una ley de participación no tiene inclusión e injerencia de los Consejos Consultivos, aunque tiene sentido por parte de un oficialismo que desde hace 13 años solo ningunea a las y los vecinos participativos. En el considerando del proyecto, la legisladora Romano indica que el compromiso “es permitir a los ciudadanos expresarse, crear e intervenir en los procesos sobre todo aquello que es esencial y relevante en sus vidas”. Entonces podemos entender que el oficialismo desconoce la Ley Orgánica de Comunas y la Constitución de CABA (lo cual es muy grave) o directamente no tiene el más mínimo interés (más grave aún).
La Constitución de la Ciudad le dio vida a los Consejos Consultivos para que los vecinos y vecinas atiendan las necesidades de sus barrios, se comprometan políticamente con la Ciudad y estimulen la democracia participativa. Somos quienes vivimos, transitamos y caminamos los barrios que residimos quienes más sabemos y más nos ocupamos sobre sus necesidades, por eso integramos las comisiones y los consejos en pos de mejorar la vida cotidiana de la comuna. Este nuevo atropello del oficialismo debe ser un alto y un llamado de atención para la vida de los Consejos Consultivos. Si no se fortalecen estas herramientas participativas, democráticas y constitucionales, seguirán dirigiendo los destinos de nuestros barrios y de nuestra ciudad desde una página web.

(*) Director de la Comisión de Descentralizacion y participación ciudadana de la Legislatura de CABA